CIUDAD DE MÉXICO, 9 de diciembre.- La reforma político-electoral (que fue devuelta al Senado) genera puntos de vista encontrados, debido a que cuenta con elementos cuestionados, pero también temas que gustan. Si bien la reelección de legisladores y alcaldes es controvertida, son aceptadas la anulación de elecciones por rebase de tope de gastos de campaña por el ganador, la formación del Instituto Nacional Electoral y la creación de una fiscalía general independiente para sustituir a la PGR, según la última encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
Esta reforma divide opiniones entre la población con teléfono en su vivienda. Una vez que se le informa a los entrevistados sobre los principales aspectos de la reforma, 53% la aprueba y un cercano 45% está en desacuerdo (gráfico 1). El hecho de que la medida más recordada sea la reelección provoca que un sector discrepe de estos cambios aprobados en el Congreso, ya que se trata de una disposición muy impopular (gráfico 2).
En efecto, el rechazo a la reelección es notable. En especial, la reelección consecutiva de legisladores por un lapso en total de hasta 12 años es desaprobada. Casi 80% está en desacuerdo con la relativa a los senadores y con la de diputados (gráfico 3).
La mayoría de los mexicanos descarta que los legisladores vayan a preocuparse más por los intereses de sus representados (gráfico 4) ante la posibilidad de reelegirse (se preocuparán igual o menos, 59%). Por su parte, la reelección inmediata de alcaldes también es ampliamente rechazada, pero cuando se señala que sólo sería por un periodo entonces es menos cuestionada: aun así 56% se muestra inconforme.
La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituir al IFE e intervenir también parcialmente en la organización de las elecciones locales no resulta necesariamente convincente. Si bien 60% aprueba la instauración del INE, cuando el nuevo esquema se compara con el vigente mediante el cual el IFE se encarga de los comicios federales y los institutos estatales de los locales, los puntos de vista se vuelven encontrados: 48% prefiere la creación del INE y 46% se inclina por mantener el sistema actual.
La anulación de las elecciones, sanción creada para asegurar la equidad en la competencia electoral y castigar severamente a quien viole la ley, es bien vista por la opinión pública: se está de acuerdo o en parte con que se invalide la elección cuando el ganador haya rebasado los topes de gasto y financiamiento de campaña (73%).
También se respalda prohibir que el candidato que haya superado ese tope de gastos pueda volver a competir en la elección extraordinaria (acuerdo/ en parte, 65%). No obstante, se cree que a los candidatos no les importará rebasar el tope de gastos (gráfico 5) aun con el riesgo de anulación (70%).
El incremento de 2% a 3% como umbral para que un partido pueda conservar el registro es aprobado (62%), al igual que establecer la paridad de género en los nombramientos de candidaturas para cargos de elección popular (79%). No obstante, si a la gente se le da a escoger, las opiniones se dividen, pues 49% prefiere que las postulaciones se decidan por criterios de capacidad y cualidades; 48% se inclina por garantizar la mitad de las nominaciones para mujeres.
Los nuevos controles al Ejecutivo mediante una mayor injerencia del Congreso y la creación de organismos autónomos tienden a ser aceptables. La transformación de la PGR en la Fiscalía General como órgano independiente del Presidente logra el respaldo de 67%, lo mismo que el nombramiento de su titular, el fiscal general, por el Senado (acuerdo/ en parte, 73%). Se cree (gráfico 6) que es un cambio que mejorará la procuración de justicia (algo/ mucho, 62%).
La ratificación de los nombramientos del secretario de Hacienda y del de Relaciones Exteriores por parte, respectivamente, de los diputados y senadores resulta algo más polémica. Así, si bien esta medida tiende a ser apoyada (alrededor del 50% está de acuerdo), una significativa minoría está en contra (algo más del 40%).
En general, la opinión pública se muestra sumamente escéptica sobre la utilidad de la Reforma.
La amplia mayoría cree poco o nada (gráfico 7) que las elecciones serán más limpias (78%), que los partidos y candidatos aceptarán más los resultados (79%), que políticos como Andrés Manuel López Obrador aceptarán más los resultados cuando pierdan (75%), que habrá mayores controles al gobierno del Presidente de la República (70%) o que los legisladores se preocuparán más por los intereses ciudadanos (77%).
