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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de junio.- Por incurrir reiteradamente en el incumplimiento de una sentencia de amparo, un Tribunal Federal confirmó la condena de un año de prisión e inhabilitación para el servicio público por el mismo tiempo en contra de la presidenta y tesorera del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, Graciela Juárez Montes y Aidé Verónica Corona García, respectivamente.
La misma pena se extiende a los antecesores de quienes desempeñaron dichos cargos y que responden a los nombres de Alonso Landeros Tejeida y José Jaime Sixtos de Jesús, quienes se desempeñaron como presidente y tesorero del mismo municipio respectivamente durante el periodo que corrió del 2009 al 2012.
Los cuatro exfuncionarios públicos son penalmente responsables del delito de desacato a una sentencia de amparo, ya que no cumplieron en el plazo que la autoridad fijó para devolver 326 mil 587 pesos con 85 centavos a una empresa a la cual se le concedió un amparo a fin de que le fuera regresada la suma descrita, luego de habérsele cobrado en su perjuicio el derecho por servicio de alumbrado público.
De acuerdo con los antecedentes del caso que en su momento fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación envía de un incidente de inejecución de sentencia, los hoy condenados “buscaron en todo momento evadir el cumplimiento de la sentencia de amparo”. Por lo que era obligado sancionar su conducta.
El Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito emitió la sentencia que fue difundida este viernes por el Consejo de la Judicatura Federal.
En abril del 2012 el juzgado segundo de distrito en el estado de Querétaro ordenó al entonces tesorero municipal de Pedro Escobedo devolver a la empresa en un plazo no mayor de 24 horas la suma que ordenó el amparo.
Sin embargo, por el reiterado incumplimiento de José Jaime Sixtos, el mismo juzgado de distrito demandó al Presidente Municipal, Alonso Landeros cumplir con la sentencia, sin embargo hizo caso omiso de la solicitud.
Ante la conducta renuente y contumaz de las autoridades municipales, el 31 de julio del año pasado, el Juzgado de Distrito envió el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito para conocer el caso, en el que se confirmó la sentencia contra los exfuncionarios municipales.
Fg
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