CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo.- Entre los años 2011 y 2013 se redujo 75 por ciento la aplicación de la medida cautelar del arraigo, al pasar de dos mil 550 a 630 casos informó la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio.
Al participar en el 150 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en Washington, D.C., Estados Unidos, la funcionaria indicó que actualmente hay 35 personas en el Centro Federal de Arraigos.
Se trata para cumplir tres grandes fines, uno, proteger valores superiores, la vida de personas y bienes; segundo, proteger el éxito de la investigación, y asegurar que no se fugue el indiciado.
El propio procurador (Jesús Murillo Karam) ha dicho que México tiene plena voluntad de que esta sea una medida excepcional, dadas las circunstancias que enfrentamos, delicadas, en materia de seguridad”, afirmó la funcionaria.
Ante los integrantes de la CIDH, al funcionaria mexicana detalló que en México hay un control judicial para la aplicación de esta medida, limitada 40 días, prorrogables por otros 40.
Está limitada a casos de delincuencia organizada, y la finalidad que debe buscarse, y esto tiene que hacerlo un Ministerio Público, es que debe ser para proteger la vida de personas, su integridad, bienes, bienes jurídicos, garantizar el éxito de la investigación y evitar el riesgo de fuga”, reiteró.
En un comunicado conjunto, la PGR y la Secretaría de Gobernación informaron que la delegación mexicana asistente al 150 periodo de sesiones de la CIDH estuvo integrada por el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa Gamboa; la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón García, y la subprocuradora Benítez Tiburcio.
Por parte de Comisión Interamericana estuvieron presentes los comisionados Tracy Robinson, Felipe González y James Cavallaro, que encabezaron la audiencia “Política Pública en Derechos Humanos y Buenas Prácticas”.
Limón García informó que el último año fue transcendental para el fortalecimiento del marco jurídico en materia de derechos humanos, además de que las reformas en materia educativa, político-electoral, telecomunicaciones, transparencia y de justicia penal, han sido significativas para dotar de derechos a los mexicanos.
La parte mexicana expuso que es preocupación constante de la política de Estado del Gobierno de la República el incorporar elementos de protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de niños niñas y adolescentes, indígenas y mujeres.
En materia de protección a periodistas y defensores de derecho humanos, el Estado Mexicano reconoció que hay retos, pero se trabaja para fortalecer la estructura interna del Mecanismo que protege a este sector e invitó a sumarse a la sociedad civil para colaborar en la mejora de este instrumento”, se explicó en el comunicado.
En materia de protección a la infancia se destacó la aplicación del Programa Alerta Amber México, que localiza a niños, niñas y adolescentes en las primeras 72 horas del reporte de desaparición.
Sobre la protección a los derechos indígenas, la delegación mexicana señaló que el Gobierno Mexicano ha puesto especial atención a los protocolos de Consulta Indígena, con el objeto de proteger sus derechos ancestrales en el acceso al agua y a la protección de sus reservas ecológicas.
Se anunció que próximamente se presentará el Programa Especial de Migración 2014-2018, que establece mecanismos de coordinación y evaluación para la atención integral del fenómeno migratorio en México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
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