CIUDAD DE MÉXICO, 26 de diciembre.- El gobierno federal prepara el Programa de Derechos Indígenas que pretende subsidiar a estas comunidades, a fin de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A sólo unos días del vigésimo aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto alista el programa de apoyos para garantizar los derechos de estos grupos vulnerables, a partir del reconocimiento oficial de que se trata de sectores que enfrentan diversas carencias históricas.
Los subsidios estarán clasificados en seis áreas; entre el catálogo de apoyos que se otorgarán, ya sea de manera directa en caso de urgencia, o a través de proyectos de apoyo comunitario, se observa que para el desarrollo de actividades de defensoría y litigios en materia penal y civil se darán hasta 200 mil pesos por proyecto; hasta mil 150 días de salario mínimo para que los indígenas encarcelados obtengan su libertad provisional con el pago de fianza, reparación del daño o multa.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Excélsior, este nuevo programa de apoyo constituye la columna vertebral de la estrategia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dirige Nuvia Mayorga Delgado.
Otro de los objetivos del programa busca “apoyar para su reubicación a la población indígena desplazada que no podrá regresar a su lugar de residencia habitual, así como a la que retorna a su lugar de residencia habitual mediante apoyos para la adquisición de bienes e insumos, que les permitan restablecer y mejorar sus condiciones de habitabilidad”.
Alistan recursos a indígenas
A sólo unos días del vigésimo aniversario del levantamiento del EZLN, el gobierno de Enrique Peña Nieto alista el Programa de Derechos Indígenas, que subsidiará a estas comunidades, a fin de atender las recomendaciones de la ONU para garantizar los derechos de estos grupos vulnerables, y a partir del reconocimiento oficial de que se trata de sectores que enfrentan diversas carencias históricas.
Se trata de una serie de subsidios clasificados en seis diferentes áreas; una de ellas otorgará hasta 200 mil pesos para los gastos derivados de la atención al indígena que enfrente un proceso judicial; otro apoyará hasta con cuatro mil 500 pesos mensuales a los indígenas ya encarcelados para lograr su libertad.
Otro más se refiere a los desplazados, que podrán acceder, por familia, a hasta 80 mil pesos para comenzar sus cultivos; 80 mil pesos para impulsar actividades productivas; hasta 80 mil pesos para la adquisición de solares urbanos; y hasta 80 mil pesos para la compra de materiales que les permitan construir sus viviendas.
Respaldo de 120 mil pesos a comunicadores indígenas; un millón 771 mil pesos para abrir Casas de la Mujer Indígena y hasta 800 mil pesos para apoyar a las mujeres que sufran violencia, entre otros.
La información, proporcionada a Excélsior, establece que el nuevo programa de apoyo a los indígenas constituye la columna vertebral de la estrategia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dirige Nuvia Mayorga Delgado.
Son seis los objetivos del Programa de Derechos Indígenas, que consisten en “mejorar las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes para el ejercicio de sus derechos, mediante el apoyo económico a organizaciones sociales y núcleos agrarios, para el desarrollo de proyectos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el impulso de actividades en materia de justicia”.
También “contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal, acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho, proporcionando servicios de atención jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a través de asesoría y gestoría, así como la presentación de peritajes en materia antropológica/cultural, como acciones asociadas al fin primordial de promover la libertad de personas indígenas”.
Además, “apoyar para su reubicación a la población indígena desplazada que no podrá regresar a su lugar de residencia habitual, así como a la que retorna a su lugar de residencia habitual mediante apoyos para la adquisición de bienes e insumos, que les permitan restablecer y mejorar sus condiciones de habitabilidad”.
De igual forma, “favorecer el ejercicio de los derechos culturales de los indígenas a través del apoyo a la instrumentación de iniciativas comunitarias para recrear, fortalecer, resignificar, rescatar, comunicar y/o difundir el patrimonio cultural indígena y desarrollar capacidades de jóvenes indígenas interesados en la protección, salvaguardia y desarrollo de sus culturas y su patrimonio cultural”.
Amén de “promover el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para la disminución de las brechas de desigualdad de género a través de acciones intersectoriales, de coordinación y de interlocución con distintos actores y promover y gestionar atención médica especializada ante las dependencias y entidades competentes del sector salud, para la atención de pacientes indígenas”.
Entre el catálogo de apoyos que se otorgarán, ya sea de manera directa en caso de urgencia, o a través de proyectos de apoyo comunitario, se observa que para el desarrollo de actividades de defensoría y litigios en materia penal y civil se darán hasta 200 mil pesos por proyecto; hasta mil 150 días de salario mínimo para que los indígenas encarcelados obtengan su libertad provisional con el pago de fianza, reparación del daño o multa.
Habrá apoyos económicos para los traductores que se requieran en diligencias judiciales, incluido el pago de viáticos y hospedaje; para los asistentes en materia penal hasta cuatro mil 500 pesos mensuales.
Hasta 100 mil pesos de apoyo a iniciativas comunitarias para la reproducción, rescate, resignificación y difusión de su patrimonio cultural, cuando se trata de una comunidad y de 250 mil cuando sea a escala microrregional.
A los comunicadores indígenas para la producción y realización de proyectos de comunicación intercultural, ya sea por cápsulas y programas de audio; cápsulas o programas de video; libros, páginas en internet y talleres de capacitación en comunicación, hasta 120 mil pesos.
